La primera respuesta,la reducción al presupuesto.
Pese a las promesas constantes por parte de la nueva administración de apoyar al campo y desarrollar estrategias para su rescate, el Congreso recibió una propuesta que reduce 26% el presupuesto para el campo en 2019 con relación al asignado en 2018. Como es de esperarse, los grupos de interés, organizaciones campesinas y actores políticos cercanos al campo mexicano y la actividad agropecuaria levantaron la voz en señal de protesta. ¿Cómo era posible que, en lugar de apoyar al campo mexicano, se le quiten recursos? ¿Qué va a pasar con los programas que sufrieron recortes o, peor aún, aquellos que no pasarán del Año Nuevo? ¿Por qué se le está recortando tanto presupuesto a instituciones de peso, como Pesca, si la actividad acuícola reportó un año con número excelentes? ¿Por qué SENASICA perdería 75% de su presupuesto si hay alerta sanitaria por cárnicos del extranjero y le queremos apostar el comercio exterior en materia agropecuaria?
Es difícil plantear respuesta a todas estas interrogantes, pero el primer paso sería referirnos directamente a las palabras del presidente y, de ahí, intentar discernir una posible esperanza, para salvar la Navidad y el nuevo año en el campo mexicano. El tema del recorte presupuestal al sector agropecuario es producto indiscutible de la, así llamada, austeridad republicana; de eso no queda duda alguna. La posición del presidente dicta que no se trata de que haya menos dinero, sino que se va a hacer más con menos, porque se le va a apostar a la eficiencia, a erradicar la corrupción y a terminar con lujos y con la alta burocracia. Hasta ahí, todo bien. Los recortes presupuestales a dependencias del gobierno y la fusión y consolidación de funciones de muchas dependencias, como Liconsa y Diconsa, nos están hablando de un intento por desburocratizar al campo mexicano.
Claro que habría que preguntarles a todos los empleados de estas dependencias qué piensan de los recortes a su salario, en el mejor de los casos, y del despido injustificado y pérdida de su antigüedad, en el peor. Al menos esto es lo que podemos prever con base en lo que ya está sucediendo en varios estados de la República en las diferentes sedes de la Secretaría de Hacienda, en las que miles de empleados están denunciando prácticas que atentan contra la seguridad laboral. Supongamos, con el fin de seguir el argumento, que todo es llevado a buen puerto y que esta desburocratización tiene consecuencias firmes para el presupuesto para el campo mexicano. Sigue existiendo el problema de programas y apoyos que fueron completamente eliminados o que no recibieron el presupuesto pactado. Éste fue el caso de: Programa de Incentivos para Productores de Maíz y Frijol, Proagro Productivo, Programa de Fomento Ganadero, Programa de Acciones Complementarias para Mejorar las Sanidades, Programa de Apoyos a la Comercialización, Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías (Fonart), Ecoturismo y Turismo Rural, Programa de Empleo Temporal (PET), Seguro Médico Siglo 21 y Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, los cuales no están contemplados en la propuesta de presupuesto. Por otro lado, el programa de apoyo ganadero de crédito a la palabra recibió una asignación presupuestal menor a la palabra, lo cual levantó cejas en el sector, pese a que la administración defendió esta decisión argumentando que eran más recursos a los asignados este año.
La otra cara de la moneda es la forma en que estos recursos van a estar distribuidos. Como ya mencioné, tanto Pesca y Acuacultura (716 millones de pesos) como SENASICA (mil 700 millones de pesos) verán una reducción presupuestal de 75% en relación con 2018, pero, eso sí, la iniciativa de Precios de Garantía para granos básicos y leche líquida recibirá 10 mil millones de pesos (4 mil millones de los cuales serán asignados al programa de créditos a la palabra para ganaderos, en contraste de los 10 mil millones pactados originalmente). Es decir, el organismo encargado de establecer y ejercer controles de inocuidad y garantizar los procesos fitosanitarios y zoo fitosanitarios en el país tendrá seis veces menos presupuesto que lo contemplado a los Precios de Garantía, un programa a todas luces asistencialista y sin muchas esperanzas de fomentar el desarrollo del campo, del cual ya habíamos analizado y dando un resultado en su análisis como poco productivo. Para el otro gran programa y orgullo indiscutible del presidente, Sembrando Vida, se solicitaron 15 mil millones de pesos; a decir de esto, la dependencia encargada de la ejecución de este programa, la recién conformada Secretaría del Bienestar, recibirá un impulso de 39.23% por encima de su antecesora, SEDESOL. Pasa de recibir 106 mil millones de pesos, a la cuantiosa cifra de 148 mil millones; claro que, si no se ejecuta correctamente, sería la inversión más equivocada en este sector.
Organizaciones como la CNC, la Liga de Comunidades Agrarias de Sinaloa, el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, la AMSDA, la CNOG y el sector privado se ha pronunciado en contra de estas medidas. De acuerdo con algunos, el presupuesto de 2018, cercano a los 72 mil millones de pesos, era apenas suficiente, en contraste con los 57 mil millones que se tienen presupuestados para 2019; otros, en cambio, argumentan que, si de por sí 72 mil millones eran insuficientes, con 57 mil millones, el campo mexicano está perdido. Ahora bien, se entiende que, a simple vista, pudiera parecer que menos presupuesto se traduce en menos apoyos, pero creo competente dar a la nueva administración el beneficio de la duda. Si bien es cierto que 26% más es considerable, también es una realidad que las instituciones dedicadas al campo mexicano han estado plagadas de corrupción, malos manejos y despilfarro de dinero. De nada sirven miles de millones de pesos destinados al campo si los apoyos no van a llegar, van a estar mal canalizados, van a ser duplicados o no se les va a dar una continuidad y una asesoría financiera. Pensemos, por ejemplo, en el plan de regalar cabezas de ganado como parte de las estrategias de rescate al campo. La verdad es que este programa no es nuevo; ya durante el salinato se importaron cabezas de ganado bovino de países como Nueva Zelanda, con el fin de reproducirlas y dar sustento a las familias beneficiadas. El inminente destino de estas ovejas fue, como era de esperarse, el autoconsumo, y la reproducción fue mínima, si no es que nula.
Ahora, el presidente pretende acabar con la corrupción y esto empieza por la eliminación de la alta burocracia y la consolidación de funciones en pocas dependencias. De nuevo, en teoría, todo bien, pero lo que no se está contemplando es en una automatización de los controles burocráticos con el fin de verdaderamente acabar con la corrupción, no se está pensando en esa simplificación administrativa que lo haga efectivo, y por decreto, sabemos que no se hace nada. Pensemos, por ejemplo, en el caso de las fotomultas de la CDMX, o como quiera que se vaya a llamar ahora. Este programa, aunque controversial, dio resultados. Controles de velocidad efectivos que generaban un buen comportamiento en la ciudadanía, redujo accidentes y generó recaudación. La situación era que se trataba de un proceso completamente automatizado, sin oportunidad de “corromper” con el agente de tránsito o con “el de la ventanilla”. O pagas o no hay verificación, y eso te lleva a más multas y a no circular. Así de simple. No hay mordidas, no hay compadrazgos, no hay abuso de poder ni de autoridad y no hay nepotismo. Al quitarlas y cambiarlas por servicios comunitarios, regresas al tema de trato persona a persona y por lo mostrado, al menos en los planes del nuevo gobierno, no hay indicio alguno de que se tenga si quiera contemplado un control de esta naturaleza y eso es preocupante. En la burocracia, el trato persona a persona sin controles efectivos, es caldo de cultivo innecesariamente fértil de prácticas corruptas.
Como si la reducción del presupuesto no hubiera sido suficiente para amargar la Navidad del campo mexicano, se suma a esto la llamada “Ley Gandalla”. Se trata de la eliminación, dentro de la Ley de Presupuesto 2019, de la compensación universal, la cual permite que los contribuyentes con saldo a favor de IVA puedan utilizarlo de manera automática y sin autorización previa, para saldar las deudas que se tengan con Hacienda, como el pago del ISR. De acuerdo con el sector privado, los principales afectados no serían las grandes empresas, sino las PyMES, quienes se han beneficiado enormemente de esta política desde su puesta en marcha, en 2004, y que, en el caso del sector agroalimentario, esta “no compensación” va directamente en la yugular. Actualmente, se genera mucho saldo a favor de IVA por todos los insumos, empaques, transporte, equipos y otros muchos más; esto, sin duda, afectará al capital de trabajo. En un comunicado, el CCE expresó a la letra que:
“Eliminar la compensación universal tendría un claro impacto negativo en los costos financieros de las empresas, con el consecuente impacto en el nivel de precios al consumidor, el pago a proveedores, la liquidez, y el flujo de efectivo necesario para la continuidad de muchas de empresas. Así, afectaría el crecimiento económico y —en última instancia— los ingresos tributarios que hoy pretenden elevarse” (…) “Eliminar la compensación universal es una medida que va en contra de la simplificación fiscal que necesita el país y afectaría la liquidez de las empresas – particularmente las pequeñas y medianas- e, incluso, de las personas con actividad empresarial”.
Esto es un claro ejemplo de un proceso que ya estaba automatizado y desburocratizado y que ahora vuelve a ser discrecional y persona a persona. Lo que antes se manejaba por compensación universal automática, ahora se podría hacer sólo por medio de la devolución y, como se ha visto en temas fiscales, esto lleva inevitablemente a la corrupción.
No sólo se trata de un juego de quitar y poner, sino de tener plenamente identificado los impactos de la eliminación y, sobre todo, contemplar el riesgo en recaudaciones futuras a causa de quitar recursos. Recordar que los apoyos deben ser visualizados como las “inversiones” que el gobierno hace sobre algunos sectores que deberían provocar recaudaciones futuras. Esa tendría que ser la fórmula de los programas efectivos.
Así las cosas, a pocos días de Navidad en el país y de la prosperidad del nuevo año. Una época en donde la concordia y la abundancia deberían ser referentes obligados se está colmando de pleitos, tumultos, carencias y preocupaciones. El recorte al presupuesto del campo mexicano es un tema que nos concierne a todos, porque, sin un campo fuerte, la economía no puede crecer. Recordemos que el sector agroindustrial ha crecido al doble del PIB en años recientes y que el campo mexicano es un motor de exportaciones y entrada de divisas que nos coloca como una potencia alimentaria. Para rescatar al campo mexicano, primero necesitamos escuchar sus necesidades.
Frente a esta situación, no sólo ofrezco una crítica, sino una posible alternativa para ayudar a los agronegocios y a los productores, sin importar su tamaño: la comercialización efectiva es el mejor retorno económico para el campo mexicano, participar de una economía colaborativa y tener en sus manos el poder de comerciar de manera directa en los mercados nacional y global. Smattcom, el comercio inteligente para el agro, es una app que les permite precisamente esto. Sin importar si se busque vender o comprar productos del campo, los usuarios podrán comerciar entre ellos sin comisiones y con una reducción significativa del exceso de intermediarios que plaga al campo mexicano y genera dependencia y mayores precios. Creo en el poder de la innovación tecnológica al servicio del campo mexicano y creo que es mejor ofrecer una entrada a un mercado justo y competitivo en vez de sólo ofrecer asistencialismo. Es por eso que hago un llamado a todos quienes trabajan de, por y para el campo, a que conozcan Smattcom y, juntos, nos ayudemos entre todos a que el campo mexicano crezca como merece. Demos fe, levantemos la voz esperanzados en que el actual gobierno corrija y cumpla y nosotros hagamos lo nuestro.