En días recientes, se ha hablado mucho sobre los precios de garantía que el presidente Andrés Manuel López Obrador busca establecer para productos del campo de primera necesidad, como el frijol, el maíz, el trigo, el arroz y la leche. Estos precios de garantía implicarían que el gobierno compre en un precio determinado, por encima del precio de mercado regido por las leyes de oferta y demanda, estos bienes a los productores empadronados en el programa de asistencia. De acuerdo con Víctor Villalobos, titular de la recién creada Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, esta medida no tendría una afectación negativa en el mercado. Villalobos tuvo que ser muy enfático y puntual sobre este tema al rendir protesta como encargado de la dependencia porque, como es de esperarse, fijar precios de garantía en productos así, dado el clima actual del sector agroalimentario en México, hizo mucho eco y la gente empezó a levantar sospechas y adelantar preocupaciones. Villalobos también informó que las desaparecidas Liconsa y Diconsa ahora operarían en la dependencia única SEGALMEX, Seguridad Alimentaria Mexicana, y que este organismo tendría más sucursales que las que actualmente tienen las tiendas de conveniencia Oxxo, para poder comprar constantemente a todos los productores agropecuarios que busquen vender directamente al gobierno.
Es curioso que un agrónomo como Villalobos valide la implementación de una política que no sólo es ineficiente, sino que es francamente peligrosa para el campo y para la economía del país. La implementación de precios de garantía no es otra cosa que un subsidio que infla artificialmente los precios. De hecho, una política de subsidios similar ya existió en México, el esquema de ingreso objetivo para maíz y otros granos de SAGARPA. Más que hacer más grande este esquema, lo que debería hacerse es buscar que desapareciera por completo; no se necesitan políticas asistencialistas, sino mejorar la forma en la que se produce, capacitación que garantice la inocuidad y enseñar a exportar más allá de sólo Estados Unidos.
Al crear un incentivo de esta naturaleza, lo que se provoca es que los esfuerzos se vuelquen hacia la producción de, por ejemplo, maíz. Si el gobierno me va a pagar una tonelada de maíz en un precio similar al que podría vender en Estados Unidos, entonces la lógica dictaría que una mayor cantidad de recursos se vertieran hacia la producción de maíz. Capital humano, insumos y hasta la degradación del suelo irían a la alza para poder seguir el ritmo de esta producción en aumento. No habría incentivos o necesidad de apostar por otro tipo de cultivos, cuando los precios en garantía nos darían la certeza de que haciendo lo mismo, se tendrían resultados adecuados. El problema, como todo, viene con la degradación del modelo. Tan sólo el hecho de que el gobierno tenga que tomar la batuta de ser el intermediario referente, no podría en sí mismo garantizar el volumen, calidad e inocuidad requerida. Si saturamos la producción de estos granos básicos y la propia capacidad del gobierno sobre su consumo, desde luego que no habría suficiente presupuesto que alcance.
Lo que está haciendo el gobierno es adoptar una política a todas luces paternalista y tratar de resanar por medio de programas asistencialistas. Lo que se necesita, y las evidencias lo comprueban en todo el mundo, es la implementación de tecnología para aumentar la eficiencia de los campos y mejorar las técnicas de producción.
Un ejemplo simple: los precios de garantía harían que la gente se enfoque en producir primordialmente frijol, maíz, arroz y trigo, lo que reduciría la tasa con la que se rotan los cultivos, una práctica indispensable para evitar la degradación del suelo y la aparición de plagas, algo que se va a necesitar si también se prohíben los organismos modificados genéticamente. De esta manera, los precios de garantía son una medalla por participación, una palmadita en la espalda que no hace más que refrendar el ciclo de la ineficacia y no aporta hacia una verdadera modernización del campo. No podemos, como sugiere el chiste, derogar la ley de oferta y demanda, sino que hay que aprender a regirnos por ésta y a innovar. La aplicación de tecnología para la mejora del campo podría hacer que los campesinos y ganaderos de México obtengan mejores rendimientos no como parte de un subsidio, sino de una comercialización más justa.
Los precios de los perecederos se rigen por oferta y demanda. Casi por regla general, después de un ciclo malo en precio, los agricultores de cierto producto en la siguiente temporada cultivarán menos, eso permite que el siguiente ciclo sea mejor en precio, pero en el afán de alternar productos y cultivos, tal vez otro producto sea descobijado en los planes del productor. Eso nos lleva a que en cierto momento el problema sean los granos, en otro sea el plátano, en otro sea el tomate o cualquier otro por la falta de una planeación correcta de la producción. Si eso ocurre como en la mayoría de los casos así es, aquellos productores que se inscriban al programa de asistencia, tal vez sólo vean pasar la oportunidad de un mejor precio. El campo es un juego de baraja difícil de seguir y lo más importante es llevar las decisiones por gente que la conozca, que sienta los problemas en carne propia y que con el apoyo del gobierno se vean disminuidos. En temas de comercialización, lo conveniente sería que no tan sólo los granos, sino cualquier producto que en algún ciclo se vea afectado con precios bajos, el gobierno invirtiera para que en esa temporada el producto se promueva a la exportación o que se pudiera transformar en pastas, aceites, jugos, deshidratados o algún otro medio de transformación que le diera valor agregado y se redujeran las mermas.
La información de lo que ocurre en el momento y saber qué hacer con ella, es lo que el gobierno se debería fijar como meta, de lo contrario no arregla nada. Es por estas razones que Smattcom, el comercio inteligente para el agro, ofrece la implementación de la tecnología de la información al servicio de los productores agropecuarios. ¿dar pauta a los precios de garantía? Demos acceso a los productores de todo tamaño a una plataforma que les permita vender directamente sus productos. Démosles la información completa de quién quiere comprar lo que producen y en qué precios se está vendiendo. ¿Queremos que les compren a precios competitivos? Conectémoslos con compradores de otros mercados, de otros países y enseñémosles cómo exportar con éxito. La revolución del campo no se va a dar con asistencialismo, sino con innovación.
Trabajo en conjunto, entre la gente que suda el trabajo diario en esta industria loable y las buenas intenciones del gobierno, esa, sin duda, será la fórmula mágica. Veremos qué tan abierto está el nuevo gobierno para lograrlo.
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