Quitar arancel del tomate a costa de revisión del 92%

Actualizado: 16 de oct de 2019





En días pasados se escribió una nueva historia en el capítulo de la exportación del tomate mexicano hacia Estados Unidos, esto después de haberse logrado un acuerdo tentativo mediante el cual el gobierno del país vecino eliminaría el arancel a este producto vegetal. Si bien esta acción parece limar asperezas entre ambos países en materia de comercialización, la realidad es que un apartado establece la revisión del 92 % de las importaciones de tomate por parte de Estados Unidos, situación que parece no ser tan viable y deja un sabor semiamargo al acuerdo.


Tras varias mesas de negociación se logró un arreglo aparente con el Departamento de Comercio (DOC) del Gobierno de Estados Unidos, en el que los productores de tomate mexicanos quedaron exentos de pagar aranceles de 17.5% a partir del 19 de septiembre, medida que desde el pasado 7 de mayo se había impuesto con la etiqueta de incertidumbre total.


¿Por qué se originó la llamada “guerra del tomate”?

El problema de raíz fue que los tomateros de florida pudieran estar en las mismas condiciones de competencia frente a los tomateros mexicanos. Cuando se estableció un precio mínimo de $8.30 USD por caja de 25 lbs., se creía que el tomate mexicano tendría desventajas; sin embargo, como ya hemos visto, esta medida mantuvo continuos beneficios a los productores nacionales.


Casi en todos los capítulos de negociaciones “antidumping” han terminado ganando los productores nacionales; no obstante, la etiqueta de incertidumbre en esta ocasión sí ha demostrado que no es la máxima aliada y desde el anuncio del arancel, el pasado mayo, “incertidumbre” es lo que ha mantenido la volatilidad de los mercados y diferencias significativas en los precios. En este periodo de implementación del arancel, claramente observamos diferencias significativas de comercialización con los tomates mexicanos vendidos en mercados de mayoreo y aquellos que no eran de origen mexicano que se ofertaban a precios más altos.


La importancia de las revisiones a productos agroalimentarios

La calidad, inocuidad y sanidad de los alimentos es indispensable para los consumidores finales debido a que el mayor riesgo de contaminación es microbiológico. La detección oportuna de factores de patógenos es decisiva para la comercialización de estos productos. Pero pasar de una revisión aleatoria a una obligada -con una infraestructura claramente deficiente en la frontera- parece que no es una medida tan bien pensada, sesgada en favor de los productores grandes, y por las fechas de planeación de las nuevas temporadas de producción en Sinaloa, una fecha límite para su definición. Y es que, de no haber cerrado ninguna negociación en estas fechas, la planeación de la siguiente temporada de Sinaloa tendría un sello mayor de incertidumbre; no podemos olvidar que este estado de la república es el mayor productor del tomate.


Sobre la revisión antidumping

Dentro del acuerdo entre México y Estados Unidos se estableció la inspección del 92 % del tomate que ingrese hacia tierra americana, a través de la selección de una muestra aleatoria del producto, la cual es evaluada para certificar que esté libre de cualquier tipo de bacteria, salmonella, hongo o virus que afecte su apariencia y por ende al consumidor final.


De no cumplirse con las medidas establecidas durante el proceso de revisión las consecuencias inmediatas son:


a) Rechazo total del producto en bodega o en punto de revisión. Lo que implica una inversión por parte del productor tomatero, quien absorbe los costos totales de la revisión hecha por las empresas certificadoras. En algunos casos, orilla a la devolución del anticipo pagado por la compra del producto.


b) Destrucción total del cargamento, lo que provoca la pérdida del producto y nulas ganancias para el productor tomatero.



Ante esta medida de control debemos considerar que el acuerdo prácticamente excluye a los medianos y pequeños productores, lo que genera una competencia desleal interna en materia de comercialización, ya que -hasta hoy- son pocos quienes poseen la infraestructura para cumplir con las reglamentaciones expedidas por las empresas certificadoras.


¿Cuál es una posible solución?


En tanto el acuerdo beneficie únicamente a un sector de la producción tomatera, y a medida que las reglamentaciones en materia de revisión se agudicen, el máximo riesgo es el tiempo de estadía que implica la revisión; lo cual trae consigo costos de oportunidad por diferencial de precios, posibles mermas, y eventualmente el incremento en el precio del producto que recaerá en el consumidor final.


Incentivar al productor para el cultivo de un vegetal de calidad, que cumpla con las normas emitidas para el proceso de exportación y promover la diversificación comercial buscando nuevas oportunidades negocio a través del comercio exterior, deben de ser una prioridad.


El productor tomatero tendrá que considerar buscar nuevas posibilidades de comercialización para así colocar sus volúmenes de producción acostumbrados. La dependencia de una economía como Estados Unidos, pone de manifiesto que van a imperar algunas objeciones para que las exportaciones puedan realizarse con efectividad.


Es por eso que, ante este escenario, hago un llamado a los productores tomateros de México -y de otros productos agroalimentarios- a que se unan a Smattcom, el Comercio Inteligente Para el Agro. El traje a la medida para el comercio justo, que reúne a comercializadores, compradores y productores de múltiples regiones.


Smattcom contribuye al proceso de exportación a partir de su estrategia en comercio exterior, la cual cuenta con diferentes misiones comerciales en diferentes países; además de reunir a especialistas en la materia, quienes se fijan en los objetivos principales de la diversificación comercial. Un grupo de expertos orienta en materia de logística, empaque, aranceles, transportación, inspección sanitaria, certificaciones y todo aquello relacionado a comprar y vender en el exterior. Hoy la diversificación comercial es una obligación y una posibilidad para el productor agroalimentario mexicano.

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